25-S. Meta volante galaico-vasca hacia las elecciones generales.

     El papel de las elecciones en Galicia y Euskadi para desatascar el embrollo fijado por las generales del pasado junio había sido avalado por todos los medios…….hasta los días previos al 25S en que se sustituyó, en la mayoría de esos mismos medios,  por el convencimiento  de que apenas iban a tener resonancia en el marco estatal más allá de incentivar el drama doméstico en el PSOE. Un drama interno que apunta más al intento de  sustitución en la secretaria general, capitaneado por los barones e impulsado por el fracaso electoral, que a un complicado cambio en la posición socialista ante la investidura de Rajoy.  

    Las encuestas, las declaraciones de partidos y candidatos, pudieran ser  la causa de ese cambio en el análisis periodístico o, sencillamente, el convencimiento de que era mucho esperar que las combinaciones de resultados posibles en ambos territorios tuvieran capacidad para modificar la estrategia que parece firmemente asentada en los actores políticos principales y que conduce a una nueva convocatoria de elecciones generales el próximo diciembre.

   Pero los resultados de este domingo si proyectan algunas conclusiones de interés y carácter general. A falta de ahondar los análisis en los próximos días podemos avanzar algunas especialmente relevantes.

   En las dos  autonomías vencen con holgura los detentadores actuales  del gobierno. Un signo de estabilidad exótico en la actual fase política de castigo a los gobiernos, y, en ambos casos, se trata de victorias de la derecha política. El caso gallego, la mayoría absoluta del PP, es especialmente revelador y, aunque intrasladable en su dimensión  a otros pagos, impulsa la tendencia que pudimos ya ver el pasado 26J de recuperación electoral del partido de los recortes y la corrupción. Es combustible para unas terceras elecciones generales. 

    Para quienes insisten en que la característica del momento político es la “crisis del régimen” esto debería ser motivo de reflexión. La única manera de evitarse esa reflexión es, como acaba de suceder en la reunión de la dirección de IU, no abordar debate político alguno y encerrarse en cuestiones “metodológicas” e internas.

   Otro elemento común a ambos procesos electorales es el papel de la abstención (importante en Euskadi y en los principales núcleos urbanos gallegos).

    Aun tratándose de elecciones con un marcado acento propio, el cansancio con el largo ciclo electoral y la situación de bloqueo nacional se ha traducido en un incremento de la abstención. Y aunque no podamos ahora valorar su peso en los resultados finales de cada candidatura (en el caso gallego parece claro el castigo que ha supuesto para la izquierda), parece evidente concluir que el interés por la política, que ha sido una característica surgida con las luchas anti recortes y el 15M, se evapora en amplios sectores sociales. Como decíamos hace poco, a la desaparición de la movilización social le está siguiendo el reflujo del “voto indignado”. 

   El eje nuevo/viejo parece incapaz de jugar ya el papel principal que ocupo en el imaginario de buena parte del electorado, fundamentalmente joven, y la preocupación social por la corrupción política es un factor amortiguado en buena medida tras años de ocupar el papel estelar. El eclipse parcial de ambas motivaciones de voto no ha sido sustituido por una agenda social potente que impulsase el voto de la izquierda.  De todo ello solo se benefician las opciones y las políticas de la derecha.

   No se trata de malos resultados objetivamente pero el sorpaso en votos gallego sabe a poco como también un resultado en Euskadi que no alcanza las expectativas de situarse en segunda posición. La polémica publica entre Iglesias y Errejon puede haber jugado en esto pero, tras lo sucedido el 26J, debemos entender que tiene más que ver con el retroceso del voto indignado y la politización que fueron su impulso inicial. Así, la idea de confluencia, más que un proceso de suma de fuerzas puede ir adoptando un acento meramente defensivo ante el cambio de ciclo electoral. Algo de eso ya funciona en la base del acuerdo con IU. Si añadimos la confusión ideológica y estratégica, la situación no puede sino justificar la opinión crítica que venimos manifestando desde “IU si, con más fuerza” ante la concreción de la política de confluencia.

   Es necesario  que Izquierda Unida, sin sectarismo, exprese política y orgánicamente una idea de izquierda anclada en el mundo del trabajo y orientada a los trabajadores. En buena medida lo que viene sucediendo en los últimos años es un debate sobre el contenido y la forma de la izquierda, sobre su recomposición en estos tiempos de crisis e incertidumbre.

   Acabar con la cuestión con la que empezábamos: la influencia de este 25S en el bloqueo institucional. Quienes esperaban que de estos resultados pudieran salir apoyos que le faltaron a Rajoy en su último intento de investidura, ya pueden ver que el PP es innecesario para configurar mayoría alguna en Euskadi. Ello por si no bastaran las prístinas declaraciones de los dirigentes del PNV en el sentido de mantener en todo caso el no a Rajoy.

   En cuanto al PSOE, no será fácil que este partido acepte su nuevo papel tan  lejos del que solía. Podemos se ha consolidado territorialmente a su costa y rectificar esa situación es tarea no sencilla. El comité federal del sábado próximo podrá ser la ocasión para el cuestionamiento de un  Pedro Sanchez que resiste, bajo el intenso fuego de los medios, especialmente los afines, la presión para facilitar una gran coalición con el PP, pero lo que parece todavía muy difícil es que pueda aprobar otra orientación de voto ante una investidura de Rajoy. El recurso al voto de los militantes es la bala en la recamara del actual equipo de dirección.

   Quedaría lo que es la propuesta  de IU y de Unidos Podemos y que compartimos: el gobierno alternativo. El comité federal del PSOE se encargara de inhabilitar esa posibilidad por la vía de revalidar su veto a un acuerdo con los nacionalistas y pese a que el mal resultado recogido por Ciudadanos este domingo, que evidencia los límites y la fragilidad  de su proyecto, profundizaría su escaso interés en que se repitan las elecciones, no parece sensato esperar que ello sea suficiente para modificar su postura y facilitar un gobierno de la izquierda en cualesquiera de sus posibles fórmulas (coalición o apoyo parlamentario). Sencillamente, Ciudadanos tiene como motivo de su existencia evitar esa posibilidad de una salida por la izquierda a la crisis económica y política de España. 

   Otras opciones (apoyo a la investidura y gobierno en solitario del PSOE y búsqueda de apoyos parlamentarios para cada proyecto, o con Ciudadanos y apoyo exterior de Unidos Podemos) tienen un alcance muy escaso –la redacción de los presupuestos antes de diciembre- y una base segura de inestabilidad que solo impulsaría las perspectivas de la derecha.

    Así las cosas tras este 25S, parece necesario impulsar una reflexión en IU sobre la etapa política en que estamos y, muy especialmente por su más que posible realidad, sobre la fórmula y presencia en unas terceras elecciones. Hacerlo con tiempo y sin apriorismos, con el objetivo de incorporar en esa reflexión a toda la organización y sus cuadros. Y hacerlo superando (esto si merece la pena que la dirección lo superara) la tentación de acordar por fuera antes de escuchar dentro. 

Madrid, 26 de septiembre de 2016.

             

   

    

                

La incertidumbre como paradigma

Avanzamos de manera inevitable hacia un modelo social distinto al que tenemos. Esto lo hemos intuido desde el principio de la crisis en las organizaciones de izquierdas, y enseguida concluimos de manera acertada que los cambios introducidos con la excusa de la crisis tenían vocación de permanencia. Acertamos al considerar que el objetivo del neoliberalismo era aprovechar el desconcierto que provoca la incertidumbre para acelerar su hoja de ruta. Nada era coyuntural. Si ganaban la batalla el mundo sería otro.

Pero si bien todo lo anterior es cierto (y se ha escrito mucho sobre ello), hoy conviene que acertemos en otro análisis fundamental para el futuro: si otras crisis se han caracterizado por ser periodos de transición entre dos “certezas”, en el caso actual parecería que la incertidumbre fuera otro de esos elementos que han venido para quedarse, y no sólo por el elevado grado de precariedad que la gestión neoliberal de la crisis ha introducido en todos los órdenes de la política. Incluso ganando la pelea veremos un mundo en el que el cambio va a ser continuo como consecuencia del avance ya no lineal sino exponencial de la tecnología, de los retos de la digitalización de la economía o del cambio climático, por ejemplo. Lo variable va a ser una constante del nuevo modelo social, y eso modifica radicalmente el contenido del debate político y el mismo significado de la tan manoseada palabra “cambio”.

Porque si la incertidumbre es consecuencia del paréntesis de la crisis, a la izquierda le basta con oponer a las certezas del enemigo las certezas propias, y tratar de que la salida de este periodo transitorio incluya la mayor cantidad posible de las mismas (preferiblemente todas). Bajo esta tesis podría llegar a tener sentido la proclama a la ventana de oportunidad de la nueva socialdemocracia. Se trataría de una guerra total que configurará un tiempo nuevo que, como los anteriores, tendrá su vigencia hasta la siguiente crisis del capitalismo. Pero, ¿y si este periodo de incertidumbre es ya el nuevo modelo? ¿Y si no hay ventana porque no estamos en una transición entre certezas? En este caso no se trataría tanto de oponer a unas certezas viejas (la vieja política) unas nuevas (nueva política), sino de capacitarse para lidiar políticamente con la incertidumbre, lo que redefine radicalmente el sentido del concepto “cambio” y las estrategias para alcanzarlo.

No obstante, conviene matizar o advertir sobre algunos riesgos. El hecho de asumir que conviviremos con un grado mayor de incertidumbre que en otros periodos “entre crisis” no supone necesariamente tener que moverse en la ambigüedad. Cuando hablamos de certezas nos referimos a modelos sociales intelectualmente aprehensibles, o al menos, definibles a partir de sus mismos elementos esenciales durante todo su periodo de vigencia. Pensamos que esto no va a pasar en adelante, que no estamos transitando hacia otro modelo definible con una serie de elementos “fijos”, y que por lo tanto, la construcción de una alternativa tendrá que tener esto en cuenta.

En este nuevo paradigma basado en la incertidumbre (política, laboral, social y personal), no será tan importante acertar en un caso dado como tener capacidad para adaptarse, levantarse tras la caída y seguir. Por eso es momento de deshacerse de toda esa retórica del cambio que ha servido para apuntalar posiciones de trinchera. Necesitaremos espacios plurales y amables de elaboración colectiva en el que esa  adaptación al cambio constante va a estar muy ligada al abandono del “oportunismo”, entendido como el uso interesado de un proceso de decisión a partir del mito de la ventana de oportunidad.

Izquierda Unida puede ser la organización que lidere los procesos de transformación social que nuestro país y nuestra región necesitan, pero tiene que situarse en este escenario de incertidumbre sabiendo que el camino es largo y el proyecto debe ser de largo plazo, a la vez que dotado de medios para el debate de contenidos. Porque el problema no será siempre de liderazgos, como parece haberse planteado a partir de la aparición de la nueva socialdemocracia. También será de proyectos y de la capacidad de los mismos a la hora de ofrecer horizontes de transformación social a partir de los problemas reales de la gente en una sociedad en cambio constante.

LOS “NUMEROS” DE LA DERECHA 

El debate sobre el estado de la región. (1)

     Ha pasado más de un año de la llegada al  gobierno regional  de Cristina Cifuentes (PP)  con el apoyo de Ciudadanos. Esta semana, los días 7 y 8, se celebra el debate sobre el Estado de la Región. Parece conveniente realizar un balance de este primer año de gobierno de una legislatura marcada por la ausencia de IU en el parlamento regional y la entrada de Podemos y Ciudadanos en el juego institucional madrileño.

En primer lugar, son evidencias estadísticas que la economía regional ha estado creciendo hasta el 3,4% o que el desempleo se ha reducido, en relación al año anterior. Según la EPA 2º trimestre de 2016, en 53.200 desempleados menos, un 8,8%.

Pero ambos datos positivos,  esconden  realidades y datos muy negativas para la mayoría social de madrileños/as. El  aumento de la economía ha vuelto a situar a la Región -en términos de PIB- en 2007. Se ha perdido una década en términos económicos, pero con un agravante,  existe el mismo nivel de riqueza que hace una década, pero en esta ocasión su distribución es más desigual que nunca, como veremos.

En el caso del paro, tenemos más del doble de desempleados que entonces, del 6,67% en 2007 al 16,3% actual. Y si bien es cierto, como dicen las estadísticas, que el nivel de desempleo cae, el empleo que se crea es temporal (el 85% del creado en 2016), a tiempo parcial y con salarios y condiciones laborales en algún caso rozan la miseria, dando lugar a la  aparición de  una nueva figura laboral: la de aquellos trabajadores, que aún con empleo,  sus salarios son tan bajos que no pueden llevar unas condiciones dignas de vida. Son los llamados “trabajadores pobres”, que ya representan  más del 11% de los trabajadores madrileños.

Disponer de un empleo no garantiza unas condiciones dignas de vida si además unimos a ello  la disminución de los servicios públicos, debido a la caída del gasto público social. Tenemos una sociedad mucho más desigual y más injusta.

El deterioro de la calidad de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales es una realidad sufrida por la mayoría de madrileños, durante los años de crisis, debido, sobre todo, a la “sacralización” de la austeridad, que incidió de manera muy  negativa en las políticas públicas en servicios  fundamentales y prestaciones.

Y hoy aunque se evidencia, como señalábamos al principio,  un crecimiento en las cifras macroeconómicas, influenciado de manera importante por factores externos, como aumento del turismo,  bajada del precio del petróleo, etc. Este crecimiento no le ha llegado a la mayoría.

 Según datos del  segundo trimestre de la EPA de 2016 en la región de Madrid tenemos;

  • 549.200  parados
  • De ellos más de 330.000  llevan más de un año sin empleo, por tanto se convierten en estructurales.
  • A su vez, se estima que aproximadamente unos 318.000 no disfrutan ya de prestación alguna, debido a los recortes producidos por el Estado en esta materia.

En lo que se refiere a contratos, según los datos de Ministerio de mes de agosto, sólo el 14,2% serían indefinidos, el resto temporales y de ellos el 42% inferiores a 2 semanas.

Como ya decíamos,  los servicios públicos fundamentales han sido muy dañados por las políticas realizadas por el Partido Popular. Se estima por parte de los sindicatos, que la destrucción de empleo en las distintas Consejerías o Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid, habrían supuesto casi un descenso de más de 22.000 trabajadores (Educadores, Sanitarios, Servicios Sociales, Metro, etc.) en estas cifras se incluyen despidos, no renovación de contratos, o no cumplimiento de la tasa de reposición. La política de recuperación de servicios públicos pasa por el restablecimiento de plantillas suficientes que garanticen la calidad de los mismos.

Los principales gastos de la Comunidad de Madrid se concentran en tres pilares del Estado de Bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales, los tres suponen casi 90% del gasto de la Comunidad de Madrid, los tres han sufrido recortes importantes en sus presupuestos, como veremos. Pero en todos los casos mientras se recortaba el gasto público, se incrementaba el gasto en externalizaciones y privatizaciones.

La sanidad, si comparamos lo que se gastaba antes de la crisis en el año 2008,  con lo gastado en el año 2015, vemos que el descenso es de más de 1.000 millones de euros. Que han supuesto más de 7.500 profesionales menos.

Aunque casi  todas las partidas del gasto sanitario público descendieron hubo algunas como las externalizaciones / privatizaciones sanitarias, que en este periodo crecieron más del 100%, pasando de apenas 400 millones en 2008 a más de 850 millones de euros en 2015.

Por tanto, podemos afirmar que gran parte del recorte realizado en la sanidad pública ha ido a beneficiar a la sanidad privada.

En los presupuestos de 2016 el  gobierno de Cristina Cifuentes, mejoro levemente la asignación a la sanidad pública,  con un aumento del 2,1%, la realidad es que ha continuado con esta política de privatizaciones, con un aumento del 5,8%  hasta alcanzar más de 960 millones de euros.

Los resultados nos muestran su fracaso, a finales de Julio la cifra en la  Lista de Espera Quirúrgica superaba los 75.500 paciente, es decir con tiempos de espera superiores a los 30 días.

La educación, si comparamos lo que se gastaba antes de la crisis en el año 2008,  con lo gastado en el año 2015, vemos que el descenso es de más de 700 millones de euros. Que han supuesto más de 5.300 profesionales menos.

Al igual que en la sanidad, en los presupuestos de 2016, se produjo una leve mejora del 2,7%, que ni de lejos recupera los recortes producidos desde el inicio de la crisis.

Todo este descenso del gasto educativo público ha coincidido en los años de crisis con un aumento del número de alumnos y alumnas del 6,8% y el incremento de la ratio por aula, la ampliación de la jornada lectiva del docente y otras medidas antisociales que deterioran las condiciones de trabajo del personal docente y, sobre todo, la calidad del servicio

A su vez, el dinero destinado para becas de transporte, libros, comedor, etc…Se redujo en este mismo tiempo en más del 90%.

Pero como en el caso de la sanidad, no todo han sido recortes en Educación, los conciertos con la educación privada se han mejorado y ampliado entre 2008 y 2016 incluido se han aumentado un 31% hasta alcanzar más de 975 millones de euros.

Las tasas de las  Escuelas Infantiles Públicas se incrementaban un 60% en 2012, por tanto pese a la rebaja del 20% para el próximo curso, continúan un 40% por encima de su coste de hace 4 años. Mientras que los “cheques guardería” para las privadas se incrementaban más del 20%.

En el caso de las Universidades Públicas, en el mismo 2012 “sufrieron” un recorte de 175 millones de euros, que se quisieron compensar con el incremento de las tasas (“tasazo” hasta un 65% para los grados y 100% para los Master).

Los Servicios Sociales, a diferencia de lo sucedido con la sanidad o la educación, estos gastos se han visto incrementados en un 0,95%, algo que sería lógico en un momento de crisis y de aumento de la población en riesgo de pobreza. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 20,4% de los madrileños sería pobre 4,2 puntos más que al inicio de la crisis, y supondrían 120.000 hogares.  Por tanto totalmente insuficiente para atender las nuevas necesidades de los madrileños.

Pero al  igual que en el caso de la sanidad o la  educación hay partidas que se han reducido como la de personal el 7%  o la inversión un 70%  y otras, sin embargo, que se han incrementado como las  externalizaciones en un 12,8%. 

Por tanto, podemos observar que aunque se trata diferentes tipos de gasto, la política practicada ha tenido un común denominador, retraer gastos de lo público, para pasarlo al beneficio privado.

Por último y no menos importante, la política fiscal práctica en la última década por el Gobierno Regional y que ha tenido su continuidad con Cristina Cifuentes.

Una política basada en “rebajas fiscales”, de las cuales se benefician sobre todo una minoría –el 5% de los 3,1 millones de contribuyentes madrileños- justamente aquellos con mayores rentas y patrimonios, y por tanto, una política injusta socialmente e ineficaz para la reactivación de la actividad económica productiva y el consumo.

Estas “rebajas fiscales” han supuesto en 2014 dejar de ingresar más de 2.600 millones de euros

Por ejemplo, la eliminación del Impuesto de Patrimonio, única CCAA que no lo tiene, supone que 15.000 millonarios con una patrimonio medio de 8 millones de euros, se ahorren en impuestos más de 42.000 euros, y además supone dejar de ingresar las arcas regionales más de 600 millones de euros.

(Continuará)